Ordena despliegue ministerial

La Fiscalía identifica sus propios puntos de probable conflicto electoral, en los cuales tendrá apoyo del MP y de policías federales para recibir denuncias

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene listo un despliegue con 32 agentes del Ministerio Público Federal en todo el país para atender denuncias sobre irregularidades en los comicios del 5 de julio próximo, a partir de un diagnóstico basado en conductas que pueden constituir ilícitos y que son su ámbito de competencia, manifestó la titular de la dependencia, Arely Gómez González.
La fiscal asegura que es “lamentable” el hecho de que candidatos sean amenazados o víctimas de ataques anónimos, pues situaciones de este tipo, establece, “no ayudan al proceso de consolidación democrática” del país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, explica que la Fepade estará atenta a la recepción de las denuncias que se puedan presentar en todo el territorio nacional, derivado tanto del despliegue ministerial como del apoyo que recibirá de todas las delegaciones de la PGR.
Sin embargo, en referencia al análisis que publicó ayer EL UNIVERSAL, sobre los “focos de alerta” identificados por el IFE relacionados con problemas de inseguridad, la fiscal señaló:
“Yo estaré preparada para actuar donde veamos que puede haber problema de cualquier índole; no tienen que ser focos rojos, yo ya tengo mi despliegue ministerial, donde he visto que [se requiere] por el número de denuncias, por la situación geográfica del estado, se mandaron agentes del Ministerio Público Federal, quienes estarán para apoyar las denuncias que se presenten relacionadas con cualquier hecho”, detalla.
Además de ello, la Fepade ha coordinado su trabajo de despliegue ministerial con la directora de la Policía Federal Ministerial (PFM), Nicandra Castro, así como con las autoridades del ámbito estatal, y llega a la jornada electoral del próximo domingo preparada para cualquier eventualidad, afirma la fiscal.
Arely Gómez explica que el diagnóstico de la Fepade es diferente del que realizó el IFE, que centra su interés, por ejemplo, en aspectos relacionados con la ubicación de las casillas, como la inseguridad pública y la violencia.
“Sí tenemos un estudio, pero nuestro trabajo es diferente al del IFE. Es en base a una conducta que pueda ser considerada delito electoral. Estaremos pendientes de si llegó o no la urna, si alguien se llevó una; es decir, lo que corresponde a delitos electorales. La Fepade lo enfrentará poniendo todo su esfuerzo en los estados que presenten mayor problema de cualquier índole”, precisa.
Consultada sobre las amenazas denunciadas por partidos y candidatos, así como en relación con los atentados registrados en los últimos días contra aspirantes panistas al Congreso por Guerrero y Sonora, considera que son situaciones que pretenden enturbiar y generar desconfianza en los procesos electorales del país.
“Es lamentable que se atente contra la vida de las personas y que se registren este tipo de hechos... Situaciones de este tipo no ayudan al proceso de consolidación democrática y son reprobables en cualquier momento, con o sin elecciones de por medio”, afirma.
Sin embargo, aclara que las amenazas o los atentados no están en el ámbito de competencia de la Fiscalía a su cargo, que sólo podría intervenir en una situación relacionada con el caso de financiamiento ilícito a las campañas.
“Como parte de las tareas de prevención para que recursos de actividades ilícitas no ingresen a las campañas, la Fepade suscribió convenios con el IFE y la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, que serían las instancias con quienes intercambiaríamos información para investigar alguna conducta relacionada con el tipo penal que he comentado”, puntualiza.
En el tema de vigilancia de las campañas, destaca, así como en materia de prevención del delito y de fomento a la denuncia, hay todo un trabajo previo realizado por la Fepade en los últimos dos años, así como un programa de blindaje al que se han sumado los gobiernos de los estados, para evitar el uso de los recursos públicos con fines electorales. México, D.F./Ma. de la Luz González (El Universal)